El gobierno «no hipotecó nada» en materia medioambiental al concederle la autorización previa a la empresa UPM, en torno a la posible instalación de su planta de pasta de celulosa en la zona de Paso de los Toros.
Ese fue el mensaje que transmitió una delegación del Poder Ejecutivo este miércoles ante el Parlamento. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fue convocado a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados.
La citación partió del diputado colorado Walter Verri (Vamos Uruguay), preocupado por el impacto que tendrá el eventual emprendimiento en la situación del río Negro, un curso de agua que ya presenta un alto nivel de contaminación.
La inquietud está dada desde el momento en que la nueva pastera produciría el doble de la que está instalada sobre el río Uruguay, un curso fluvial con un caudal diez veces mayor que el Negro.
En ese marco, una de las principales críticas que recibió el gobierno estuvo relacionada con la aprobación «récord» de la Validación Ambiental de Localización (VAL) presentada por la empresa y ratificada por el Ejecutivo en marzo.
Según dijo a ECOS el legislador Walter Verri, el subsecretario Jorge Roux, y Alejandro Nario, director nacional de Medio Ambiente, expusieron una posición contundente.
La versión que dieron es que constituye simplemente una validación del lugar elegido por la firma para su posible instalación, y nada tiene que ver con el estudio de impacto ambiental que UPM deberá presentar cuando defina la inversión.
Otro de los puntos polémicos pasa por el volumen de agua que utilizaría la pastera. En el VAL se indica una cifra cercana a a los 125 millones de metros cúbicos diarios. Un nivel de consumo similar al de una ciudad de 900 mil habitantes.
De ese volumen, unos 110 millones de metros cúbicos retornarán al río, convertidos en efluentes.
Una de las interrogantes planteadas por Verri pasó por el posible uso de agua a partir de fuentes subterráneas, tal como la plantea el propio VAL.
En ese marco, la versión de las autoridades se encargó de bajar el perfil al tema. Según sostuvieron, lo que empresa pidió es «hacer un pozo» para utilizar el agua durante la construcción de la planta, y no en la fase operativa. Una alternativa que, por otra parte, deberá ser estudiada y autorizada por las autoridades llegado el momento.
Lo cierto es que el plan, presentado por la firma y autorizado por el gobierno, incluye la garantía para UPM del suministro de un flujo mínimo de agua a la planta, lo que según ambientalistas sólo podría suceder a partir de la Represa de Rincón del Bonete.
A la a empresa, señalaron las autoridades, le advirtieron específicamente sobre la realidad actual del río En ese sentido, aseguraron que se le exigirán los más altos estándares de calidad medioambiental.
En ese marco remarcaron la exigencia de reducir el vertido de fósforo previsto al río. Según explicaron, la planta de UPM sobre el río Uruguay tiene autorizado un nivel 5 miligramos por litro. Pero, para el caso del río Negro, el máximo permitido será de 3%.
Pese a que el dato no fue mencionado ante la comisión, estimaciones extraoficiales indican que los efluentes emanados de la nueva planta serían equivalentes a la de una ciudad de 230 mil habitantes.
Otra de las exigencias girará en torno a que la firma colabore con el el gobierno en las tareas de apoyo a los productores para que reduzcan el vertido de fertilizantes en los cursos fluviales.
Según el compromiso, UPM ayudará a su vez las tareas de mitigación de los efluentes vertidos por las poblaciones de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, enclav
adas en el área de influencia de la nueva pastera.
Verri resumió el compromiso de manera concreta. «UPM agregará contaminación, se le exigirá que tome medidas y que su vez lo compense ayudando a reducir la generada en otros lados.
